EL PODER JUDICIAL, EN LA MIRA CIUDADANA

Por Moisés Alcaraz Jiménez

Con muy escasa participación ciudadana comenzaron ayer las campañas electorales para renovar la mitad del Poder Judicial Federal. Participan tres mil 422 candidatos para ocupar 881 espacios en disputa: Se elegirán ministros, magistrados y jueces, hombres y mujeres.

Este ejercicio democrático es el primer acercamiento hacia la justicia verdadera que México requiere en el avance de la reconstrucción del país después de la devastación neoliberal. Para ello, la renovación del poder judicial es muy importante, al grado tal que sin ella el cambio estaría incompleto. La reforma al Poder Judicial es la asignatura pendiente para poder avanzar hacia el desarrollo con justicia y bienestar que no sería posible con ese lastre que representa el sistema jurídico corrompido que hoy tenemos.

Sin la reforma al poder judicial estaríamos hablando de un rotundo fracaso de esta transformación del país, que es justo lo que la derecha oligárquica y su prensa sicaria han buscado con enfermizo afán, para que la justicia siga estando en manos de bandas de corruptos y corruptas y familias enteras nepóticas que la han hundido en la deshonestidad y la usufructúan con jugosos dividendos.

Por ello es muy importante la participación ciudadana en este proceso renovador. Los votantes deben conocer muy bien a las personas por las cuales van a sufragar, para evitar que se cuelen los mismos que han corrompido a la justicia. La conciencia cívica debe aflorar a plenitud en estas elecciones, eso es lo que nos puede conducir a elegir a los mejores, a los más capacitados pero, sobre todo, a los más honestos porque a fin de cuentas esta trasformación es contra la deshonestidad, contra los bandoleros que descarrilaron la justicia en México.

La información de los ciudadanos sobre los candidatos, sus trayectorias y sus propuestas, será un factor clave para que pueda lograrse una auténtica renovación judicial. No obstante, ante esta vital necesidad de información, el INE retrocede en este aspecto. El órgano electoral aprobó un acuerdo que impide al Legislativo y al Ejecutivo promover la participación ciudadana en este proceso, que es promover la cultura cívica, el voto razonado, sin lo cual no se puede hablar de democracia.

La cultura cívica es el elemento fundamental para abatir democráticamente el abstencionismo. No se trata de promover el voto a favor de candidatos, sino alentar y difundir un proceso electoral que tiene que ser participativo hoy más que nunca porque será un proceso transformador de la República.

Ante esta prohibición, el INE, cuya difusión ha sido insuficiente, el Legislativo y el Ejecutivo apelarán esa decisión ante el TEPJF, pues indudablemente es un exceso del órgano electoral que se acentúa aun más cuando se calcula que alrededor del 60 por ciento de los ciudadanos no sabe cómo va a emitir su voto y muy pocos saben que se va a elegir a ministros, magistrados y jueces.

Eso es más que suficiente para desplegar las más amplias campañas de difusión en las que deben participar democráticamente los tres poderes del estado. Quienes no deben participar en esta difusión son los partidos políticos y grupos de interés o de presión que los motiva la orientación del voto hacia determinados candidatos.