Ciudad de México. — Pese a la reciente absolución judicial del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el exfiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, aseguró que ello no implica su inocencia, sino que obedece a fallas procesales en la integración del caso.
En entrevista con Joaquín López-Dóriga, el exfiscal señaló que la exoneración dictada por un tribunal federal no borra las evidencias que lo vinculan con los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014. “Está exonerado, sí, pero eso no quiere decir que sea inocente. El problema es que el procedimiento está viciado; había pruebas clave para imputarlo que fueron afectadas de nulidad”, afirmó.
El Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, confirmó esta semana la absolución de Abarca y de otros 19 policías, al determinar que las pruebas ofrecidas por la Fiscalía General de la República (FGR) no eran legalmente válidas para acreditar su responsabilidad en la desaparición forzada.
Las pruebas, explicaron los magistrados, fueron obtenidas en otras averiguaciones previas y no dentro del expediente correspondiente, lo que impidió que fueran consideradas como testimonios válidos. En consecuencia, sólo se admitieron como documentos administrativos, no como elementos probatorios del delito de secuestro.
A pesar de esta resolución, José Luis Abarca continuará preso en el Penal del Altiplano, ya que enfrenta otros procesos judiciales por delincuencia organizada, lavado de dinero, y ha sido sentenciado a más de 110 años de prisión por otros delitos, incluyendo el secuestro de seis activistas en 2013 y el homicidio del exsíndico Justino Carvajal Salgado.
La defensa de los familiares de los 43 normalistas, encabezada por Jorge Santiago Aguirre, había promovido un amparo para revertir la sentencia absolutoria, el cual fue finalmente rechazado por el tribunal federal.
El caso Ayotzinapa sigue siendo uno de los episodios más oscuros y dolorosos en la historia reciente del país. A casi 11 años de los hechos, la exigencia de verdad y justicia por parte de los familiares de las víctimas continúa vigente.
