Acapulco, Guerrero. Agencia de Noticias Guerrero (ANG). – En pleno choque político y jurídico entre la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, y la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desmontó los señalamientos de presunto desvío de recursos al confirmar que no existen irregularidades en el manejo de los recursos federales ejercidos por el municipio durante el ejercicio fiscal 2023.La resolución federal fue dada a conocer a través de una carta oficial de la ASF, documento que la propia presidenta municipal hizo público en redes sociales como prueba documental para frenar lo que califican como una campaña de señalamientos sin sustento legal impulsada desde el órgano estatal de fiscalización.
En el oficio, la ASF establece de manera categórica que los recursos federales fueron ejercidos conforme a la normatividad vigente y sin observaciones administrativas ni financieras, contradiciendo directamente las acusaciones lanzadas por la Auditoría estatal.El gobierno municipal recordó que la Constitución es clara al establecer que los recursos federales sólo pueden ser auditados por instancias federales, criterio que además fue ratificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dejando en evidencia que la ASE carece de facultades legales para revisar y señalar dichos fondos.Pese a ello, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero emitió señalamientos públicos sobre supuestas irregularidades, generando acusaciones de opacidad y falta de comprobación que —según el municipio— carecieron desde el inicio de sustento jurídico y técnico, pero que fueron utilizadas para alimentar una narrativa de presunto desvío.Autoridades municipales sostienen que estas acusaciones fueron amplificadas en diversos medios locales, con el propósito de desprestigiar a la administración municipal, narrativa que hoy queda desacreditada por documentos oficiales y resoluciones firmes de las máximas instancias federales.Con la postura definitiva de la ASF y el respaldo de la SCJN, el gobierno de Acapulco afirmó que la verdad jurídica se impuso sobre los señalamientos, y reiteró que continuará defendiendo la legalidad del ejercicio de los recursos públicos frente a lo que consideran actuaciones arbitrarias y políticamente dirigidas.ANG
