Por Moisés Alcaraz Jiménez
Isabel Miranda de Wallace fue un personaje que debido a un asunto tenebroso salió a la luz pública cuando en un evento extraño, por decir lo menos, su hijo fue secuestrado y se dijo que asesinado, sin que jamás apareciera su cuerpo. El caso fue muy oscuro, siniestro y salpicado no sólo de irregularidades, sino de verdaderas perversidades ministeriales, aberraciones jurídicas y muy alto grado de corrupción en la impartición de justicia. Todo ello está documentado en un largo juicio que terminó ayer con la liberación de una inculpada, que estuvo presa injustamente casi 20 años y que por la misma resolución de la SCJN, otros cinco más sentenciados quedarían libres también.
Todo ello ocurrió dentro de un contexto de enredo de intereses de la señora Miranda, coludida con los peores funcionarios de diversas corporaciones policiacas en el sexenio de Felipe Calderón -que le dio el premio nacional de derechos humanos- donde el socio de éste, Genaro García Luna, tuvo un papel destacado. Ambos ayudaron a Miranda a formar la asociación civil Alto al secuestro, que fue el instrumento para el activismo de la señora y plataforma para su lanzamiento político. En 2012 fue candidata del PAN a la Jefatura de Gobierno de la CDMX.
Su amistad con García Luna la hizo ser una persona con mucho poder en aquel sexenio, poder que después de finalizado el calderonato, siguió con Peña Nieto, aunque con menor impacto, y al final del viejo régimen las influencias de esta señora alcanzaban ya la SCJN, donde llegó a ser muy buena amiga de Norma Piña, que le dio empleo a familiares de Miranda en la Corte.
Como se observa, la señora de Wallace tenía de amistades a puras finísimas personas que la ayudaron a manipular a su antojo este tenebroso caso y a convertirse en una connotada traficante de influencias. El secuestro real o fingido de su hijo le sirvió para hacer relaciones con miembros del poder político y mediático del más alto nivel.
Ayer, después de permanecer injustamente encarcelada, una de las acusadas del secuestro del hijo de la señora de Wallace, Juana Hidalgo, fue liberada porque la SCJN declaró que no había pruebas para mantenerla en prisión. Con ello se pone fin a este corrompido asunto, indudablemente de prostitución de la justicia. La Corte decidió amparar a la encarcelada al concluir que hubo graves violaciones al debido proceso porque las confesiones usadas en su contra fueron obtenidas bajo tortura.
Aquí surge la inevitable pregunta: ¿Qué va a pasar con aquellos juzgadores que sentenciaron a la injustamente acusada a cumplir una sentencia de 78 años, conociendo el método gansteril que se utilizó para inculparla? El usted disculpe es algo indigno y cruel que ya no debería existir. Debe haber castigo ejemplar para aquellos jueces corruptos que cometan estas barbaridades jurídicas. El Instituto Federal de Defensoría Pública señaló que el fallo debe tener efectos inmediatos para los demás acusados.
Este caso, como puede haber miles o cientos de miles en las cárceles del país, fue de muy alto impacto, no sólo jurídico, sino político y mediático también. La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos destacó que con esta resolución de la Corte se reivindica un juicio justo y el debido proceso, así como la presunción de inocencia, la defensa adecuada, la prohibición de la tortura y la correcta custodia de las pruebas.
¿Acaso los jueces que tuvieron a su cargo este proceso no se dieron cuenta de todas esas irregularidades? Seguramente su actuación criminal quedará impune, como una prueba más de los niveles de putrefacción intolerables a los que puede llegar la justicia cuando está en manos de corruptos.
