Villas de San Isidro, Estado de México – 7 de agosto de 2025– «Quiero justicia para él, que no se quede esto así», repite con voz entrecortada Marcelina, madre de Fernandito, el menor de tan solo ocho años que fue asesinado tras ser retenido por tres prestamistas que exigían el pago de una deuda de apenas mil pesos. La mujer, quien padece una discapacidad en el habla, no pudo saldar el préstamo ni tampoco denunciar de inmediato a los agresores, debido a las barreras físicas, económicas y sociales que la rodean.
Los hechos ocurrieron en la colonia Villas de San Isidro, en donde Marcelina vivía junto a su hijo y su pareja. Según su denuncia, fue ahí donde los tres presuntos responsables –Carlos N, Ana Lilia N y Lilia N– acudieron a cobrarle el dinero. Al no recibir el pago, se llevaron a Fernandito con ellos, diciéndole a la madre que el niño quedaría «en prenda» hasta que la deuda fuera liquidada.
La tragedia se consumó días después. El cuerpo del menor fue hallado con señales de maltrato físico y severas condiciones de abandono. Una vecina, identificada como Karen, fue testigo de los horrores que vivió Fernandito en los últimos días de su vida. «Aquí lo trataban como a un perro», narró. “Lo tenían amarrado, le aventaban la comida al piso, lo bañaban con agua fría en los lavaderos… era una cosa espantosa”.
Karen también reveló que el niño ya sufría maltrato desde su hogar. «Su padrastro le pegaba, era alcohólico. El niño venía a pedirnos comida porque no le daban de comer».
La situación familiar y de pobreza en la que vivía Marcelina, aunada a su discapacidad, agravaron la vulnerabilidad de Fernandito. Aunque la madre acudió tres veces a buscar a su hijo al domicilio de los prestamistas, nunca se lo devolvieron. El silencio que impuso su condición de salud y la falta de apoyo institucional retrasaron la denuncia, pero no apagaron su deseo de justicia.
Este viernes 7 de agosto, los tres implicados fueron trasladados e ingresados al penal Neza-Bordo, donde se llevó a cabo la primera audiencia en su contra. Marcelina, entre lágrimas, hizo un llamado a las autoridades: “Que caiga el peso de la ley sobre ellos. Es lo único que yo quiero. Justicia por mi niño”.
Este caso ha conmocionado a la comunidad y expone, nuevamente, las graves consecuencias de la violencia estructural, el abuso de poder por parte de prestamistas informales, y la falta de redes de protección para madres en condiciones de vulnerabilidad.
Las investigaciones continúan y, mientras tanto, el grito de una madre sigue resonando: “Quiero justicia para él”.
