Por Moisés Alcaraz Jiménez
Es increíble e impactante ver cómo el grupo faccioso de ministros que encabeza Norma Piña en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se resiste con desesperación inaudita a la tan necesaria reforma al Poder Judicial en México, uno de los órganos impartidores de justicia más corrompido del planeta que ya había dejado de cumplir la importante función de ser parte del equilibrio de poderes del estado mexicano y se había convertido en un órgano vasallo al servicio de la oligarquía depredadora más arcaica, subdesarrollada e inútil para producir el desarrollo con justicia que nuestro país requiere.
En una de sus últimas arbitrariedades, Norma Piña y sus socios intentaron el pasado lunes tomarse atribuciones que competen a los futuros ministros que serán electos el primer domingo de junio del año en curso. Ese grupo de ministros, que son siete de los diez que ahora hay porque a uno de ellos en buena hora se le acabó su tiempo en la Corte, están plenamente identificados con los sectores de la extrema derecha neoporfirista que devastó al país durante el neoliberalismo.
Ese conservadurismo depredador dejó a México en ruinas y en manos de bandas delincuenciales que se apoderaron de la riqueza nacional, asaltaron las arcas públicas y mandaron a la pobreza extrema a más de la mitad de la población del país. A más de 10 millones de ese depauperado sector los condenaron a vivir casi en la indigencia.
Durante los 36 años del renacimiento neoporfirista, esas cerca de cuatro décadas de hundimiento del país, la SCJN fue aliada de la oligarquía e impartió justicia a favor de los intereses particulares y en contra del interés general de la nación. El caso de Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios más rapaces que ha padecido México, defraudador, marrullero y explotador, es tan sólo un ejemplo de cómo ministras y ministros identificados con la derecha, han sido el manto protector de las voraces élites empresariales que han hecho mucho daño a México.
Es un gran alivio para nuestro país que esa banda de ministros y ministras al servicio de los poderes fácticos, ya se van. Con todo y las dudas que genere el inicio de las operaciones del nuevo Poder Judicial que muy pronto tendremos en México, será infinitamente mejor al putrefacto sistema de justicia que hoy tenemos, inoperante y disfuncional para el progreso y que ha sido la asignatura pendiente del cambio. La corrupción en el Poder Judicial ha sido históricamente un factor de atraso y de impedimento al avance modernizador del país.
Es cierto que esa banda ya se va, pero no dejan de dar coletazos como lo que son: un enorme monstruo de la corrupción y de la ineficiencia, sediento insaciable de dinero sucio, un monumento a la deshonestidad. Ese monstruo intentó el pasado lunes dar su último zarpazo, esperemos que de verdad sea el último en esa larga cadena de obstáculos puestos a la reforma judicial.
En una sesión privada, Norma Piña, en otra más de sus bajezas jurídicas patéticas; es decir, al borde de lo ridículo, insistió en usurpar atribuciones que tendrán los futuros ministros al proponer un acuerdo al pleno para que sean los actuales ministros de la Corte quienes designen a tres de los cinco integrantes que le corresponden al Poder Judicial , los otros dos es competencia del Poder Ejecutivo y del Legislativo, de lo que será el nuevo órgano que se encargará de la administración del Poder Judicial, que incluye la transparencia en sus funciones, la honestidad de sus integrantes y la limpieza en el servicio civil de carrera, lo que en teoría ahora tiene a su cargo el Consejo de la Judicatura Federal, que nunca cumplió con sus funciones y que sólo operó como encubridor de la galopante e imparable corrupción en ese órgano de justicia.
Norma Piña no logró la mayoría calificada de ocho votos y su proyecto lo dejó en pausa. Ello quedó como una muestra más del enfermizo afán de la ministra y sus socios por conservar algún espacio en la SCJN desde donde la oligarquía a la que pertenecen pueda continuar con sus perversidades o que esa mafia pueda impedir futuras investigaciones en su contra porque lo que esos funcionarios hicieron no fue una gracia, fue algo terrible: contribuyeron al hundimiento de México durante el nefasto periodo en el que estuvieron en el cargo y eso no debería quedar impune.
