Por Moisés Alcaraz Jiménez
Quienes están en contra de que se realicen las elecciones en el Poder Judicial y han intentado de mil maneras descarrilar el proceso, han divulgado una mentira más: emitir el voto es sumamente complicado, dicen. Nada más alejado de la realidad. La población está informada sobre la forma de emitir el sufragio y ya se ha familiarizado con el procedimiento a seguir. La información institucional emitida al respecto ha sido suficiente, muy amplia y eficaz.
El gran reto que representan estas elecciones es la parte donde los ciudadanos tendrán que recordar los nombres de los candidatos por los que habrán de votar. En todo el país se van a elegir cerca de tres mil candidatos que contienden por alrededor de nueve mil cargos a nivel federal y hay estados donde también se va a elegir a sus poderes judiciales locales, lo cual incrementa la cifra de prospectos.
Aquí en Guerrero votaremos por cerca de 40 candidatos, entre ministros de la Corte, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, integrantes de la Sala Superior del TEPJF y de la Sala Regional que corresponde a nuestra entidad federativa, además de magistrados de circuito y jueces de distrito. Será complicado para el ciudadano común, e inclusive para aquellos que se puedan dar el lujo de conocer los detalles de este proceso electoral, recordar con precisión los nombres de los candidatos por quienes se va a votar, aunque ya se hayan seleccionado de antemano.
A principios de esta semana se intensificó un debate mediático y legislativo sobre la necesidad de que los votantes se presenten a las urnas con una relación de los nombres de los candidatos por los que se va a votar. Quienes se oponen a que estas elecciones se realicen, están en contra de ello, siguiendo en sus afanes de obstaculizar por todas las formas posibles este proceso y con el fin de que se propicie un alto grado de abstencionismo para contar con un elemento deslegitimador de estas elecciones.
Aquí cabe hacer dos precisiones, por un lado están quienes se dedican profesionalmente a estos asuntos, agencias de publicidad, grupos de presión, partidos políticos y los propios aspirantes, que por ningún motivo pueden elaborar listas de candidatos utilizando copias de los formatos oficiales de boletas electorales para distribuirlos entre el electorado, ello constituye un delito electoral pues se trata de propaganda no permitida por la ley en esta materia y se estaría coaccionando el voto.
Por el otro lado están los ciudadanos que a título personal o a través de asociaciones civiles sin nexos con partidos o candidatos pueden organizarse, emitir opiniones, elaborar sus propias listas y difundir información entre sus amistades, familiares o conocidos, como corresponde a un proceso democrático, además de que ello es muy necesario para fomentar la participación ciudadana en la ruta de avanzar hacia la democracia participativa, más allá de la democracia puramente representativa.
Ayer el INE, en un acuerdo poco claro, muy vago y con escasa certeza jurídica, que podría provocar más confusiones que claridad en la contienda, se aprobaron medidas que llamaron inhibitorias a la elaboración y distribución de listas o acordeones de candidatos por parte de partidos políticos o servidores públicos, lo cual calificaron de inmoral y de atentado a la democracia. En lo que el INE no dejó lugar a dudas, es que las medidas inhibitorias, que nunca se dijo cuáles eran, deben vincularse a servidores públicos y demás actores del proceso, no a ciudadanos que a título personal elaboran sus propias listas de candidatos y opinan sobre ellas en su entorno comunitario o familiar.
Los ciudadanos de a pie pueden elaborar sus propias listas y acudir con ellas a votar este domingo. Nadie se los puede impedir. Es necesario hacerlo así y no confiar a nuestra memoria a quiénes, de entre decenas de prospectos, vamos a elegir y vamos a votar por cerca de 40 de ellos. Vayamos a las urnas con nuestras listas, que ya deben estar depuradas, y votemos por quienes cumplen nuestras expectativas de mejorar un Poder Judicial inmerso en un mar de ineficacia y corrupción.
