Gerardo Fernández Noroña, senador por Morena, confirmó la adquisición de una residencia valuada en 12 millones de pesos en el exclusivo municipio de Tepoztlán, Morelos, misma que asegura pagar mediante un crédito hipotecario.
La revelación, dada a conocer por el medio Eme Equis, se basa en su declaración patrimonial correspondiente a noviembre de 2024. El documento oficial señala que la propiedad cuenta con 259 metros cuadrados de construcción dentro de un terreno de 1,201 metros cuadrados. No obstante, el legislador omitió en su declaración especificar la ubicación exacta del inmueble y los detalles del banco con el que habría tramitado el financiamiento.
Además de la casa, el senador reportó la posesión de dos vehículos Volvo, así como un préstamo personal por un millón de pesos con el banco HSBC. También figuran en su patrimonio otros compromisos financieros, incluyendo el crédito de una camioneta adquirida en 2021 por 1.5 millones de pesos, y la compra de otro vehículo en 2023 por 650 mil pesos.
Aunque en sus declaraciones de 2024 y 2025 no aparecen ingresos adicionales, Fernández Noroña declaró en años anteriores haber percibido recursos extra por sus colaboraciones en medios de comunicación y su canal de YouTube. En 2023, indicó obtener 72,500 pesos mensuales por sus columnas y 188,000 pesos por su actividad en la plataforma digital.
Ante los cuestionamientos, el legislador defendió la legalidad de sus ingresos y la procedencia del crédito:
“Estoy pagando con lo que gano como senador y con lo que obtengo de mi canal de YouTube. La casa la renté durante cuatro años y apenas en octubre pasado comencé a pagarla con crédito”, expresó en una entrevista improvisada con medios.
Fernández Noroña también señaló que su situación patrimonial está documentada y abierta a revisión:
“He sido transparente. Que me investiguen lo que quieran”, sentenció.
La compra del inmueble ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionan la congruencia entre el discurso político del senador y su estilo de vida. Mientras tanto, la información abre la puerta a un nuevo debate sobre el patrimonio de los funcionarios públicos y la claridad con que rinden cuentas al electorado.