Chilpancingo, Gro. Agencia de Noticias Guerrero (ANG).— La diputada Luissa Ramos anunció que el alcalde de Iguala, Erik Catalán Rendón, intentó incrementar diversos impuestos mediante modificaciones a la Ley de Ingresos, una medida que, aseguró, habría afectado directamente a la población.
La legisladora argumentó el razonamiento de su voto en contra de dicho dictamen, calificando los incrementos propuestos por el ayuntamiento como «excesivos y desproporcionados», además de señalar que no respetan el principio de progresividad fiscal.
Los aumentos que pretendía cobrar el ayuntamiento de Iguala
Durante su intervención, la diputada expuso con documento en mano las modificaciones numerales en las tarifas de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que se pretendían aprobar en comparación con lo ya establecido para el año 2026:
*Cajeros automáticos: Se buscaba elevar el cobro de 11.92 UMAs a 1,192 UMAs.
*Sector vivienda progresiva (Construcción de losas):En el inciso B, correspondiente a losas de hasta 45 metros cuadrados, la tarifa contemplaba pasar de 4.15 UMAs a 415 UMAs.
*Construcción de cisternas comerciales: Se pretendía un incremento de 5.35 UMAs a 535 UMAs.
- Construcción de cisternas residenciales: La propuesta planteaba un aumento drástico, buscando elevar el costo de 3.21 UMAs a 300 UMAs.
«No es estar en contra de la Ley de Ingresos, no es estar en contra del municipio, es que creo que no se estaba respetando el principio de proporcionalidad ni de progresividad en este dictamen», aclaró la diputada.
Al ser cuestionada sobre los motivos de revisar una Ley de Ingresos que ya había sido aprobada el pasado mes de diciembre, la legisladora explicó que la modificación fue una solicitud directa del H. Ayuntamiento Municipal de Iguala, la cual inicialmente recibió un dictamen en sentido positivo por parte de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado.
La propuesta tuvo su primera lectura el pasado martes y, tras las manifestaciones de inconformidad presentadas desde semanas atrás, finalmente se logró frenar su aprobación.
La diputada enfatizó el impacto social que esto habría tenido, recordando que las familias de Iguala realizan un gran esfuerzo económico, juntando dinero poco a poco para poder construir o mejorar sus viviendas, por lo que un ajuste de tal magnitud habría golpeado severamente la economía popular. Aunque algunos sectores argumentaban que el incremento debía aplicarse al sector privado, la legisladora concluyó que Iguala es una ciudad eminentemente comercial que requiere condiciones justas para su desarrollo.ANG
