Almoloya de Juárez, Estado de México.– El exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, quedó sujeto a prisión preventiva oficiosa luego de que un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del penal de máxima seguridad del Altiplano determinara que deberá permanecer privado de su libertad mientras avanza el proceso penal en su contra.
Durante la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República (FGR) formuló imputación contra el exmandatario guerrerense por el delito de desaparición forzada de personas, en el marco de las nuevas líneas de investigación relacionadas con el caso Ayotzinapa y la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
La defensa de Aguirre Rivero solicitó al juzgador que la medida cautelar pudiera cumplirse bajo arraigo domiciliario, argumentando su edad y su estado de salud. Sin embargo, el juez consideró que no se acreditaban las condiciones legales necesarias para conceder dicha excepción y resolvió imponer la prisión preventiva.
La decisión representa un nuevo capítulo en uno de los casos más graves y emblemáticos de la historia reciente de Guerrero. La desaparición de los 43 normalistas ocurrida la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala provocó una crisis nacional e internacional en materia de derechos humanos y colocó bajo escrutinio a autoridades de distintos niveles de gobierno.
Aguirre Rivero gobernó Guerrero de 2011 a 2014 y dejó el cargo semanas después de la desaparición de los estudiantes. Desde entonces, su administración ha sido señalada dentro de las investigaciones y controversias políticas derivadas del caso, aunque la responsabilidad penal individual deberá determinarse conforme avance el proceso judicial.
Con la medida cautelar impuesta este viernes, el exgobernador permanecerá privado de su libertad mientras se desarrolla la siguiente etapa del procedimiento. Será el juez quien determine, con base en los elementos presentados por la Fiscalía y la defensa, la situación jurídica que corresponda.
El caso vuelve así a colocar a Guerrero en el centro de la discusión nacional sobre Ayotzinapa, desaparición forzada, responsabilidades de funcionarios y acceso a la justicia, más de una década después de aquella noche que marcó al estado y al país.
