Acapulco, Gro., 6 de julio de 2026.Agencia de Noticias Guerrero (ANG).— La Suprema Corte de Justicia de la Nación puso un alto a la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Guerrero al determinar que carece de facultades constitucionales para fiscalizar recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), dando la razón al Ayuntamiento de Acapulco encabezado por Abelina López Rodríguez.
La resolución representa un duro revés para la Auditoría Superior del Estado y marca un precedente de alcance nacional al establecer que la revisión de recursos federales corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), invalidando el procedimiento que la ASE inició contra el municipio porteño.
El conflicto se originó tras la revisión del ejercicio fiscal 2023, año en que Acapulco enfrentó los devastadores efectos del huracán Otis. Mientras la ASF auditó más de mil 122 millones de pesos y únicamente emitió una observación por 3.7 millones de pesos, misma que fue solventada por el Ayuntamiento, la ASE emprendió una revisión paralela sobre 898.6 millones de pesos del FAISMUN, actuación que el gobierno municipal impugnó mediante la controversia constitucional 174/2025.
Desde 2025, la Suprema Corte había otorgado suspensiones para detener las acciones del órgano fiscalizador estatal. Este lunes, el Pleno confirmó que la ASE actuó fuera de su ámbito de competencia al intentar revisar recursos cuya fiscalización corresponde exclusivamente a la Federación.
Con esta resolución, la Corte no solo da la razón al Ayuntamiento de Acapulco, sino que también establece un precedente que podría modificar la relación entre los órganos estatales de fiscalización y los municipios de todo el país.
Al conocer el fallo, Abelina López Rodríguez afirmó que la decisión “marca un antes y un después” para todos los municipios de Guerrero y sostuvo que la prioridad de su administración siempre ha sido trabajar en beneficio de la población.
El fallo representa una de las resoluciones más relevantes en materia de fiscalización de recursos federales en los últimos años y fortalece la autonomía constitucional de los municipios frente a revisiones que excedan las facultades de los órganos estatales.ANG
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